La magistrada encargada de este caso, Annaïck Le Goff, ha autorizado que se lleven a cabo las pruebas sobre diez ratones, en una operación cuyo coste se ha estimado en un millón de euros y que ha despertado las críticas de las afectadas.
"Se sabe que los dirigentes (de la empresa) son insolventes y que las indemnizaciones le corresponderán al Estado. Un fondo de indemnizaciones habría sido la mejor decisión posible", indicó a la radio "RTL" el abogado Philippe Courtois, que representa a más de 2.700 mujeres.
Las conclusiones de los análisis se incluirán en la instrucción en curso por homicidios involuntarios y lesiones contra el fundador de la empresa fabricante, Jean-Claude Mas.
En su comparecencia ante los jueces en abril de 2013, Mas confesó que las mamas artificiales que comercializó durante una década no estaban fabricadas con silicona autorizada y que engañó a los inspectores, pero agregó que no era dañina para la salud.
El juicio, en el que fue condenado en primera instancia a cuatro años de cárcel, no permitió determinar sobre la peligrosidad de ese producto, cuya tasa de rotura era superior a la media, por lo que el resultado de las pruebas previstas podrían contribuir a demostrar el vínculo entre un hecho y otro.
Los implantes mamarios fraudulentos afectaron a más de 5.000 pacientes en Francia y a unas 80.000 en el mundo, y hasta su prohibición en 2010, poco después de que se multiplicaran los incidentes con esas prótesis, se estima que la empresa se ahorró un millón de euros anuales en gastos de fabricación.