La Sentencia 168-13 fue evacuada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana; la Ley 169-14 fue aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional y la Constitución del año 2010 es el fruto del más amplio consenso político de nuestro país. Todas de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno dominicano.
De modo pues, que resulta “inaceptable” para el pueblo y el gobierno de la República Dominicana violar las disposiciones del Estado Dominicano.
Pedirlo, como exige el CIDH, es un imposible de cumplir.
A través de su cuenta Twitter, @rodrigmarchena , el portavoz del gobierno y también director general de Comunicación, Roberto Rodríguez Marchena dijo:
“Señores CIDH, una vez más el pueblo y gobierno de República Dominicana les dice: Inaceptable su exigencia. Nadie está obligado a lo imposible”.
