.jpg)
El voto es un derecho, el 2016 es un buen momento para implementarlo
Santo Domingo, Diciembre 2014.- La oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), respalda que los internos preventivos puedan ejercer el derecho al voto en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, derecho que viene reclamando por años por medio de la interposición de un recurso de amparo.
“El voto penitenciario ha sido una lucha que por años ha llevado la Oficina Nacional de Defensa Pública, que está dando frutos, lo que en el 2007 parecía un fracaso, hoy confiamos en que la Junta Central Electoral cumpla con lo que un día fue un sueño y luego se convirtió en un proyecto institucional", afirma la directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, doctora Laura Hernández Román.
El voto es un derecho que había sido reclamado en diversas oportunidades por la Defensa Pública, a través de la realización de un Censo Carcelario Electoral en el año 2007 con el apoyo del Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia. Y posteriormente, por medio de la interposición de un recurso de amparo en favor de los internos con derecho al voto.
.jpg)
El voto penitenciario, punto focal del reciente acuerdo firmado entre la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República (PGR), es un derecho constitucional que asiste a todos los internos que se encuentran recluidos en las Cárceles y Centros de Corrección del país de manera preventiva, y la ONDP como garante de los derechos fundamentales de los privados de libertad inició en el 2006 la lucha en favor del ejercicio de este derecho. Los esfuerzos iniciaron con la realización del Primer Censo Nacional Penitenciario, el cual desnudó la realidad Carcelaria para ese momento y la vulneración de derechos de los privados de libertad. Continuando en el 2007 la realización del Censo Carcelario Electoral conjuntamente con una comisión designada por la Junta Central Electoral. Luego de meses de trabajo la JCE descartó el voto de los reclusos para las elecciones de 2008, decisión que lleva a la ONDP a interponer un recurso de amparo en favor del ejercicio del derecho al voto penitenciario.
Las conversaciones y plan de acción del Censo Carcelario Electoral se iniciaron en el mes de marzo de 2007 por medio de un plan piloto en las cárceles de La Victoria, Rafey (Hombres y Mujeres) y Najayo (Hombres y Mujeres).
