El Procurador General de la República dijo ayer que los fiscales que participaron en el robo de la Dican son narcotraficantes que se beneficiaron de la operación.Francisco Domínguez Brito informó que están bajo arresto el exdirector de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican), coronel Carlos Fernández Valerio, así como el jefe de operaciones de ese departamento, teniente coronel Félix Humberto Paulino López y el mayor Rudy José Japa Álvarez. También los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras, ambos de la provincia de Santo Domingo, contra quienes, aseguró, tienen “pruebas contundentes que los vinculan de manera directa en acciones ilícitas en el desarrollo de sus funciones, junto a otros implicados que aún no han sido arrestados”.
Indicó que las actas judiciales del allanamiento en una casa ubicada en el ensanche Isabelita, donde supuestamente se incautaron unos 950 kilos de cocaína, fueron completadas con información falsa, en las que indicaban que en dicho allanamiento no fue encontrado nada comprometedor y que este lo habían ejecutado, miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas “que no actuaron en el mismo”.
“Aquí vimos oficiales de Policía, desde la más alta dirección nacional, hasta los fiscales que de una manera u otra se convirtieron en narcotraficantes. Porque al usted tomar una droga de un narcotraficante y venderla o revenderla, usted no es más que un narcotraficante”, expresó el Procurador al informar que no habrá impunidad en el proceso y que presentarán cargos contra ellos.
“Estos casos es bueno que salgan, es importante que salgan, porque lo peor que le puede suceder a una nación es cuando se producen los equilibrios dentro del mercado o del microtráfico de las drogas”, agregó.
Señaló que el coronel Fernández Valerio “tiene toda la responsabilidad de lo ocurrido en esos hechos criminales y delictuales, como jefe de esa división policial” y que solicitarán un año de prisión preventiva contra él y los demás, como medida de coerción.
La orden de arresto dictada por la jueza de la Instrucción Especial, Wendy Martínez, incluye, además al mayor Luciano Gómez Cabrera; primer teniente Bárbaro Torres Beltrán; sargento mayor Antolín de los Santos Zabala; sargento Pedro José Almánzar González; cabo Agapito Muñoz Evangelista; raso Raidirys Lironely García Miranda y Miguel Rosario.
Distribución de drogas y hallazgo
Según la investigación, de los 950 kilos de cocaína, 250 kilos se entregaron a los fiscales Máximo Díaz y Ramón Veras, y los 700 restantes quedaron bajo al control del coronel Paulino. Parte de esa droga fue colocada en el mercado local.
En el interior de la caja de seguridad número 132, alegadamente propiedad de Díaz Ogando y que figura a nombre de Omar Ogando Ogando en la empresa Cajas de Seguridad Dominicana SRL, encontraron varios certificados de depósitos y de inversión con un valor aproximadamente de RD$5 millones, títulos de propiedad de locales comerciales, entre otras propiedades, así como 15 mil dólares en efectivo.
Domínguez Brito refirió, además, que algunos implicados en el proceso han entregado 1 millón 450 mil pesos en efectivo a las autoridades, de forma voluntaria, así como dos vehículos y un apartamento.
Indicó que las actas judiciales del allanamiento en una casa ubicada en el ensanche Isabelita, donde supuestamente se incautaron unos 950 kilos de cocaína, fueron completadas con información falsa, en las que indicaban que en dicho allanamiento no fue encontrado nada comprometedor y que este lo habían ejecutado, miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas “que no actuaron en el mismo”.
“Aquí vimos oficiales de Policía, desde la más alta dirección nacional, hasta los fiscales que de una manera u otra se convirtieron en narcotraficantes. Porque al usted tomar una droga de un narcotraficante y venderla o revenderla, usted no es más que un narcotraficante”, expresó el Procurador al informar que no habrá impunidad en el proceso y que presentarán cargos contra ellos.
“Estos casos es bueno que salgan, es importante que salgan, porque lo peor que le puede suceder a una nación es cuando se producen los equilibrios dentro del mercado o del microtráfico de las drogas”, agregó.
Señaló que el coronel Fernández Valerio “tiene toda la responsabilidad de lo ocurrido en esos hechos criminales y delictuales, como jefe de esa división policial” y que solicitarán un año de prisión preventiva contra él y los demás, como medida de coerción.
La orden de arresto dictada por la jueza de la Instrucción Especial, Wendy Martínez, incluye, además al mayor Luciano Gómez Cabrera; primer teniente Bárbaro Torres Beltrán; sargento mayor Antolín de los Santos Zabala; sargento Pedro José Almánzar González; cabo Agapito Muñoz Evangelista; raso Raidirys Lironely García Miranda y Miguel Rosario.
Distribución de drogas y hallazgo
Según la investigación, de los 950 kilos de cocaína, 250 kilos se entregaron a los fiscales Máximo Díaz y Ramón Veras, y los 700 restantes quedaron bajo al control del coronel Paulino. Parte de esa droga fue colocada en el mercado local.
En el interior de la caja de seguridad número 132, alegadamente propiedad de Díaz Ogando y que figura a nombre de Omar Ogando Ogando en la empresa Cajas de Seguridad Dominicana SRL, encontraron varios certificados de depósitos y de inversión con un valor aproximadamente de RD$5 millones, títulos de propiedad de locales comerciales, entre otras propiedades, así como 15 mil dólares en efectivo.
Domínguez Brito refirió, además, que algunos implicados en el proceso han entregado 1 millón 450 mil pesos en efectivo a las autoridades, de forma voluntaria, así como dos vehículos y un apartamento.
Otros vinculados y trato a los que colaboraron
Domínguez Brito dijo que solicitaron órdenes de arresto contra 25 personas, pero la redujeron a 12, de los cuales hasta ahora solo hay cinco presos. El primer pedimento del Ministerio Público incluía también al fiscal Leónidas Suárez; la coronela Mercedes Altagracia Morla Cuevas; tenientes coroneles Voltaire Batista Matos y Juan Bulus Andújar; mayor Junio Vásquez Báez; coronel Guillermo Báez Hubiera; teniente coronel Francisco Valenzuela Valenzuela; capitán Carlos Amézquita Reinoso; primer teniente William Ruddy Rosario Guerrero; mayor Alberto Jiménez Ruiz; capitán Edwin Zapata; teniente Juanico Belén Mejía; sargento mayor Francisco Pérez Castro y Santo Emilio Hernández. Indicó, además, que contra los dueños de las drogas, Roberto Antonio Méndez (Nicolás) y Santo Emilio Hernández, también hay orden de arresto. Refirió que hay medida de coerción contra una raso que devolvió los bienes o dinero que había obtenido por el caso, pero no especificó en qué consiste la medida. Domínguez Brito detalló, además, que a los que colaboraron con la investigación se les dará un trato distinto, o sea, se les tendrá “algún tipo de consideración”.
Fuente:elcaribe.com.do
Fuente:elcaribe.com.do
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