El Defensor del
Pueblo continúa su estrategia de trabajar unido a las principales casas de estudio
de la República Dominicana, razón por la que firmó un acuerdo de cooperación con
la Universidad Católica Santo Domingo. El cual busca que ambas entidades desarrollen
programas de formación y capacitación del personal especializado en áreas
jurídicas y materias diversas vinculadas a la gestión pública.
El acuerdo tiene la
finalidad de especializar a los participantes en las competencias, destrezas y
conocimientos que los habiliten para rendir un servicio profesional de primer orden
en su lugar de desempeño, en favor de
quienes entran en conflicto con el Estado.
En dicho convenio
el Defensor del Pueblo se compromete a realizar conversatorios, paneles,
charlas y exposiciones en general, en eventos especiales organizados por las
partes, así mismo será soporte de la entidad académica, en actividades dirigidas
a estudiantes, profesores, funcionarios y al público en general, en relación a
temas sobre el Defensor del Pueblo y su papel en el organigrama del Estado
dominicano.
De igual manera, la
casa de altos estudios asume el compromiso de
ofrecer diplomados, cursos, talleres, conferencias, seminarios, y
sesiones de asesoría orientadas al personal del Defensor del Pueblo en materia
jurídica vinculada al ejercicio de las funciones legales y constitucionales,
principalmente en áreas de derechos humanos, administrativo, gestión y
administración de organismos públicos, financieros, gestión de recursos humanos
bajo la legislación de función pública, tecnología y comunicación, así como en otras
actividades académicas afines.
Zoila Martínez
Guante, titular del Defensor del Pueblo, y
el padre Jesús Castro Marte, rector de la UCSD, sellaron el convenio que
busca también inculcar en sus recursos humanos valores éticos, morales y
democráticos que contribuyan al fortalecimiento de sus entidades como
mediadoras de la población.
El acto fue
realizado en las instalaciones de la
alta casa de estudios, y estuvo
presidido por las principales autoridades del Defensor del Pueblo y los
miembros del consejo de la Universidad Católica de Santo Domingo.
