SANTO
DOMINGO.- El ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto
Andrés Navarro, y la embajadora en el país del Reino de los Países Bajos,
Holanda, Marijke Van Drunen Littel, firmaron un convenio de traslado de
aquellas personas judicialmente condenadas, para que terminen de cumplir la
pena establecida por los tribunales en su país de origen.
El convenio, rubricado en un acto realizado en
el Salón Verde de la Cancillería, con la presencia de la viceministra Nelly
Pérez, encargada de asuntos consulares, del consultor jurídico Miguel Ángel
Pichardo, y de otros funcionarios del MIREX y de la embajada de Holanda,
establece que toda persona condenada perteneciente a la República Dominicana o
a Los Países Bajos, podrá ser trasladado a su territorio de origen, siempre que
la sentencia sea susceptible de ejecución o si aún queda pendiente por cumplir
al menos seis meses de la condena, gestión que deberá realizar el
ministerio de justicia de la nación requeriente a través del ministerio de
justicia del Estado requerido.
Según explica una nota de prensa de la
Cancillería, luego de agotar el debido proceso conforme a las leyes dominicana,
el convenio entrará en vigencia el día primero del mes siguiente a la
expiración de un período de dos meses después de la última fecha en que las
partes se hayan notificado por vía diplomática el cumplimiento de las
formalidades internas requeridas, "y podrá aplicarse al cumplimiento de
condenas dictadas, ya sean antes o después de la fecha de su entrada en
vigor".
El acuerdo forma parte del proceso de desarrollo
que encaminan ambas naciones en materia de cooperación internacional en el
campo del derecho penal, así como crear la posibilidad de que los nacionales de
cualquiera de las partes que se encuentren privados de libertad como
consecuencia de la comisión de una infracción penal, puedan cumplir su condena
en su nación de origen.
"Las partes se obligan, en las condiciones
previstas en el convenio, a prestarse mutuamente la más amplia colaboración
posible en materia de traslado de personas condenadas, y en la ejecución de las
condenas impuestas por sentencias", refiere uno de los artículos del
acuerdo.
Navarro destacó que el mecanismo acordado es un
paso muy importante, tanto en la aplicación rigurosa del sistema de justicia,
como también en la aplicación de criterios de derechos humanos, especialmente a
aquellas personas que se encuentran en condiciones de cumplimiento de la pena.
