La Vicepresidencia de la República y la Fundación Nicolás Guillén conformaron una alianza estratégica para fomentar la prevención y lucha contra la violencia de género, con la cual se pretende romper patrones culturales y modelos sociales proclives al machismo y la desigualdad.
Las estrategias a ejecutar están contenidas en un acuerdo que firmó la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño; la presidenta de la Fundación Nicolás Guillén, Graciela Morales; la directora de Prosoli, Altagracia Suriel; y el especialista en medicina legal y temas de violencia de género, Miguel Lorente.
Entre las acciones que pondrán en marcha ambas instituciones están fortalecer los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, conformar grupos de trabajo para construir masculinidades positivas, concienciar sobre el papel que juegan los medios de comunicación en la disminución de los casos, y compartir experiencias sobre cambios de conductas que ayuden a identificar el flagelo.
El plan incluye un trabajo conjunto de prevención y erradicación de la violencia de género en las 803 mil familias pertenecientes al programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), que dirige la Vicepresidencia.
También, trabajarán a través de la crítica del Postmachismo y micromachismos con grupos de beneficiarios de Prosoli y sectores aliados, para construir masculinidades positivas y con herramientas orientadas a la prevención de la violencia contra la mujer, la discriminación y desigualdad.
Para la vicepresidenta Margarita Cedeño la violencia contra las mujeres es un mal indignante que requiere un abordaje profundo desde el hogar y la escuela; y considera que la sociedad debe levantar su voz ante la atrocidad de actos violentos contra las féminas, condenarlos enérgicamente y luchar contra las consecuencias que se derivan de los mismos, no solo para las familias víctimas, sino también para la colectividad.
El convenio se llevó a cabo en el Salón Verde del Palacio Nacional, y participó la directora de Prosoli, quien recomendó avanzar en la concreción de la igualdad entre hombres y mujeres.
Reveló que la violencia contra la mujer creció un 6% en los últimos, y que en su mayoría han sido afectadas las de edades entre 15 a 49 años.
“Debemos también prevenir desde las escuelas todo este drama del bulyin, detectando también conductas que son indicadores de ese drama de violencia que viven los niños en sus hogares, y lo más importante, no desmayar en el accionar institucional”, indicó Suriel.
En tanto, Morales, de la fundación, destacó la importancia de lograr un abordaje serio, constante y comprometido de la violencia contra las féminas, porque a su juicio el flagelo es la manifestación extrema de la discriminación y la desigualdad de género, y constituye una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos que obstaculiza el alcance de la justicia social.
“Se conoce que al menos una de cada tres mujeres en el mundo resulta víctima de la violencia en alguna etapa de la vida, que cada 18 segundos una mujer es agredida y que todas, independiente de su país, edad, origen social, racial y étnico somos vulnerables a padecerla”, sostuvo Morales.
Conferencia
Tras la rúbrica, el doctor Miguel Lorente impartió la conferencia magistral “Rol de las Políticas Públicas en la Prevención de Feminicidios, en la que dio pautas para reducir la incidencia de casos como el acompañamiento de las mujeres desde la perspectiva judicial y de salud; mejorar la capacidad de respuesta a las denuncias, fortalecer las campañas de prevención a través de la educación y concienciación, y hacer énfasis en el papel que juegan los medios de comunicación en la promoción de la igualdad, entre otras.
Lorente, de origen español, es doctor en medicina, especialista en cirugía y médico forense por oposición desde 1988. Es profesor titular habilitado de medicina legal de la Universidad de Granada. Tiene un máster en Bioética y Derecho Médico. Fue director del Instituto de Medicina Legal de Granada y coordinador general de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía. De diciembre de 2006 a 2008 fue director general de asistencia jurídica a víctimas de violencia de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.
Fue nombrado delegado del Gobierno para la violencia de género adscrito al Ministerio de Igualdad en abril de 2008, en la segunda legislatura del gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero en sustitución de Encarnación Orozco. Ocupó el cargo hasta diciembre de 2011.
