SANTO DOMINGO, La Vicepresidencia de la República a través del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) protege actualmente a 180 niños y adolescentes que quedaron desamparados tras el asesinato de sus madres a manos de sus parejas o exparejas, mediante el Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Feminicidios.
Con la iniciativa, los niños y niñas provenientes de 70 familias de escasos recursos en diferentes puntos del país reciben acompañamiento sociofamiliar, socioeducativo, apoyo sicológico y se dota de trasferencias monetarias condicionas a aquellos hogares que, además de enfrentar un feminicidio, han sido categorizados en pobreza extrema o moderada por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).
Los hogares categorizados por el Siuben reciben la tarjeta Progresando con Solidaridad, que incluye Comer es Primero, Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y el Bono Estudiantil Estudiando Progreso (BEP), así como el acompañamiento personalizado que contempla el programa.
Como parte del acompañamiento llevado por Prosoli a estos hogares, tanto los chicos como las familias acogedoras reciben capacitación especializada en los 42 Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP) diseminados por todo el país, para que puedan superar las tragedias de las cuales fueron víctimas.
El acompañamiento que Prosoli brinda a las jóvenes víctimas incluye, además de las terapias psicológicas, seguimiento en la asistencia y rendimiento escolar y participación en las Escuelas de Familias, donde se tratan estos traumas y la recomposición familiar.
Durante el 2015, un equipo compuesto por especialistas en psicología, recomposición familiar y terapia del duelo realizaron 182 visitas de seguimiento personalizado con los tutores y familias acogedoras para ayudarles a forjar en los niños y niñas un futuro esperanzador.
El protocolo está dirigido a rescatar y proteger de la pobreza, discriminación, exclusión, abandono, explotación y abuso a los niños que han quedado sin el cuidado de sus padres, amparado en un amplio marco legal que incluye lo establecido por la Constitución de la República, el Código de Protección de los Derechos de los NNA, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y una decena más de legislaciones nacionales e internacionales.
La meta del programa es intervenir a 300 chicos y chicas en esta condición por año, así como igual número de familias acogedoras, e incorporarlos a la red de protección social del Gabinete de Políticas Sociales que coordina la vicepresidenta Margarita Cedeño.
Una luz en el camino
La noche del 9 de abril del 2015, en el sector Villa Blanca Primera, Sabana Perdida, Limber Agramonte Matos le disparó a Mileidis Abad Hernández, de 34 años, quitándole la vida, y dejó en la orfandad a sus seis niños de entre dos y 15 años.
Tras el suceso, los niños, que son cuidados por su abuela, Carmen Arelis Hernández, fueron integrados al programa que desarrolla la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, para proteger, atender y lograr la recuperación de los menores que han perdido a sus madres a consecuencia de los feminicidios. El programa protege también a los demás familiares.
El protocolo empleado llegó como una luz de esperanza al humilde hogar de Carmen Arelis, madre de la víctima, soltera y desempleada, quien tras la tragedia tuvo que enfrentarse a la triste realidad de hacerse cargo de los niños, de su madre y un hijo suyo que también resultaron heridos en el incidente, paralela a una situación de extrema pobreza que le embargaba. Explica que a veces no tenían qué comer.
“He recibido un gran apoyo emocional, visitas domiciliarias constantes, llamadas telefónica, alimentos, útiles escolares y la tarjeta Progresando con Solidaridad, que es una ayuda permanente, y sobre todo la disposición que tienen de escucharme y el buen trato que me dan”, expresa.
El protocolo, lanzado en 2015, se ejecuta a través del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), con el apoyo del Ministerio Público, el Consejo Nacional para la Niñez (Conani), los ministerios de la Mujer (MMujer) y Salud Pública, el Seguro Nacional de Salud (Senasa), Policía Nacional, Ministerio Público, entre otras instituciones del Estado y no gubernamentales, y viene a fortalecer la protección social con una política pública dirigida a garantizar los derechos de los menores afectados por dichas tragedias.
