Por José Thomas
Barahona. Dos entidades ambientalistas de la región Sur consideraron hoy que la construcción de la presa de Monte Grande representa la obra de mayor impacto socio-económico de la administración del presidente Danilo Medina para el desarrollo de la región Sur ya que sus aguas estarían destinadas a la irrigación de más de setecientas mil tareas en tres de las provincias con mayor índice de pobreza como son Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia, con lo cual, más de 350 mil personas verán mejorar su calidad de vida de manera definitiva.
La Fundación Verde Ecologista, que preside Héctor Batista, y el Consejo de Protección Ambiental para la región Sur, dirigido por Yke Roque Reyes, expresaron que este proyecto múltiple que "cumple con todos los requisitos medioambientales y ecológicos", es demandado por organizaciones representativas, sectores religiosos, y legislativos, incrementará, de manera significativa, la producción y productividad de diversos rubros agrícolas, generará energía y empleos y reducirá la vulnerabilidad de las comunidades Jaquimeyes, Tamayo, Vicente Noble, Uvilla, Canoa, Peñón, Bombita, Fundación y Pescadería ante posibles inundaciones durante las temporadas ciclónicas.
Dijeron Batista y Roque Reyes que los dominicanos esperan con deseos que los 250 millones de dólares del financiamiento por una entidad bancaria internacional tal como informó el ingeniero Olgo Fernández sean entregados antes de finalizar este mes de septiembre al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) que tiene la ejecución de esta importante infraestructura ya que esta presa es una imperiosa necesidad para los habitantes de la región Enriquillo.
“En la Presa de Monte Grande serán almacenados 320 millones de metros cúbicos de agua, se regularán las grandes avenidas que se producen periódicamente en la cuenca baja del río Yaque del Sur que afectan la agricultura y dañan infraestructuras de carreteras”, aseguró Batista. De su lado, Roque Reyes indicó que; “además, según los expertos a cargo del proyecto, serán beneficiadas 271 mil personas con agua potable y se irrigarán entre 35 y 45 mil hectáreas en Barahona y Neiba. Por esto, es de vital importancia la construcción de esta obra”.
Indicaron que otro de los grandes beneficios que obtendrán los residentes en las comunidades favorecidas es que las épocas de sequía ya no afectarán los cultivos y sembradíos y no tendrán que trasladarse a varios kilómetros en busca del preciado líquido porque con las aguas de la presa resolverán ese problema. Recordaron que recientemente directivos de la Asamblea de Lucha por la Construcción de la Presa de Monte Grande exigió de las autoridades el reinicio de los trabajos.
Destacaron que en la actualidad (2017) una gran cantidad de cultivos de ciclo corto se pierden en esta zona del país por falta de agua, lo cual provoca que los productores enfrenten serias dificultades para cumplir los compromisos que asumen con los bancos que les facilitan créditos y las casas comerciales que les suministran los insumos. “Estas son razones suficientes para que monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de la diócesis de Barahona, reaccionara pidiendo al presidente Medina que el proyecto arranque definitivamente”, recordaron los ambientalistas de la región Sur.
Para el presidente de la Fundación Verde Ecologista, licenciado Batista, la construcción de dicha presa está pautada a ejecutarse en 18 meses por lo tanto es al presidente Danilo Medina a quien corresponderá entregarla a la región Sur. “Por eso es imperioso que los legisladores sureños y demás fuerzas sociales hagan sentir su clamor para que el Banco Centroamericano apruebe, de una vez y por todas, el desembolso de los recursos”, sostuvo.
Señaló Batista que los trabajos de construcción iniciaron con el primer picazo el 28 de julio del 2010, hace ya siete años, y que más adelante el presidente Medina también entregó un avance pero el proyecto no ha continuado a sabiendas que miles de suroestanos tienen sus esperanzas en Monte Grande porque representa su bienestar social y económico y valoraron de “positivo” la posición adoptada por los legisladores de la región Sur quienes han manifestado que a este proyecto el Gobierno le dé similar tratamiento que a Punta Catalina en lo relativo al financiamiento.
