Por José Thomas
San Cristóbal. El abogado Carlos Salcedo sugirió a las cámaras de comercio del país mantenerse vigilantes ante empresarios que soliciten su afiliación a esta entidad cuando éstos reporten elevadas sumas de dinero en efectivo en procura de evitar posible incursión de empresas utilizadas para el lavado de activos. El catedrático se expresó en estos términos tras impartir la conferencia “Impacto de la Ley 155-17 contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo” en la Cámara de Comercio y Producción de esta ciudad.
Durante su exposición, realizada en el salón de reuniones de esta institución y dirigida a profesionales, empresarios y comerciantes, Salcedo explicó que el espíritu de esta ley lo primero que establece son las infracciones y sanciones contra las actividades del lavado de activos y las infracciones y sanciones donde se genera el activo o el dinero para lavar.
El profesional del derecho afirmó que el comerciante debe alejarse del dinero sucio porque pone en peligro las actividades que desarrolla. En ese sentido, sostuvo que personas con intención de lavar dinero comprar empresas quebradas para generar dinero en efectivo aunque la empresa no sea rentable porque el propósito es limpian el dinero. “A través de una empresa pantalla, de un banco pantalla o de un inmueble pueden aparentar que el dinero es legítimo y lo ingresan a la economía de un país”, dijo.
Sostuvo que la nueva Ley 155-17 viene a adecuar la normativa interna a lo que son las directrices internacionales para que República Dominicana no sea certificada, es decir, para que sea un país declarado cooperante contra un flagelo que atenta contra la seguridad de los países no solo en términos de la seguridad del Estado, sino la seguridad económica. “Y solamente contra esto, sino por la competencia desleal que deviene de las actividades ilícitas que son las infracciones precedentes al lavado de activos”, adujo.
Reveló que en el caso de abogados, contadores y notarios es necesario mantener su formación y capacitación y al mismo es una obligación que las empresas designen un oficial de cumplimiento para que audite adecuadamente de lo que establece la Ley 155-17 en relación con las obligaciones de preservar las empresas e instituciones de cualquier inclusión de recursos mal habidos o producto de las infracciones graves a la economía dominicana como establece la ley.
Durante la conferencia hablaron el presidente de la Cámara de Comercio, Emmanuel Dionisio Ramírez, y el gobernador provincial Julio César Díaz, quienes calificaron la exposición sobre el lavado de activos de vital importancia para el sector empresarial de esta provincia y del país.
Etiquetas
nacionales
