SANTO DOMINGO, .- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Oxford Policy Management (OPM) concluyen en un estudio que el Sistema de Protección Social Dominicano tiene un potencial importante para contribuir con las necesidades de la población afectada en situaciones de desastres y emergencias.
El informe “Protección social reactiva frente a emergencias en América Latina y el Caribe” establece que República Dominicana se encuentra altamente expuesta a choques de diferentes tipos, desde fenómenos naturales como tormentas, inundaciones, sismos y sequías; epidemias como el virus del zika y el cólera, hasta vulnerabilidad económica. El reporte indica que si bien el sistema de protección social no-contributiva no ha sido diseñado para responder a emergencias, el mismo presenta un potencial importante para cumplir un rol efectivo en tales respuestas.
Los resultados del informe fueron dados a conocer por Francesca Deceglie, asesora en Protección Social de la Oficina Regional del PMA, en el taller-conversatorio “Protección Social ante Emergencias en República Dominicana”, organizado por la entidad junto a la Vicepresidencia de la República, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED).
El trabajo de investigación subraya, además, que el fortalecimiento de los programas de transferencias monetarias condicionadas, la focalización del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y su Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos (IVACC) representan una plataforma robusta sobre la cual construir un método flexible que pueda responder ante emergencias.
Entre las recomendaciones a las entidades dominicanas están focalizar y mejorar los procesos de asistencia; reducir la fragmentación del sistema de protección social y crear vínculos más fuertes de este con la Defensa Civil, el COE y otros actores involucrados en emergencias. En cuanto a la protección social el estudio sugirió crear una estrategia integral que incluya asistencia en especie durante la primera fase de respuesta, y luego o de modo combinado, la expansión de los programas de transferencias monetarias condicionadas.
Fortalecer la integralidad, coordinación y coherencia de los programas es a la vez fundamental para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2- Hambre Cero) en República Dominicana, tal como se evidencia en la recientemente lanzada Hoja de Ruta Nacional para alcanzar el Hambre Cero. Una República Dominicana sin Hambre no es posible sin fortalecer la resiliencia de la población ante los impactos de la naturaleza y los programas de protección social son una herramienta fundamental.
Inicio de los trabajos
El encuentro, encabezado por la directora general del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), Altagracia Suriel, en representación de la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, da seguimiento al Seminario Regional sobre Protección Social Reactiva ante Emergencias realizado en Perú en octubre de 2017, en coordinación entre el PMA y el Gobierno de esa nación.
Altagracia Suriel manifestó que el incremento de los efectos del cambio climático representa un gran compromiso para el Estado como responsable de llevar protección a los sectores más vulnerables.
“Tenemos que reducir el dolor de los pobres que son los que más sufren las consecuencias de los choques climáticos y de los desastres. Los pobres son los que tienen que dejar sus hogares, a los que las goteras les caen en medio de la cama, los que pierden los medios de vida, los que sufren hambre, los que pasan las calamidades que no pasamos la clase media, y a esos pobres entonces les debemos protección social”, manifestó.
En el acto también habló el Representante del PMA en el país, William Vigil, quien dijo que los avances experimentados en el país en materia de protección social son un ejemplo para toda la región.
Vigil también se refirió a la necesidad de incrementar los esfuerzos para contrarrestar los efectos del cambio climático y favoreció que los sistemas de protección social incorporen beneficios para enfrentar esos desafíos.
En el evento participaron, además, los directores del COE, general Juan Manuel Méndez; de los Comedores Económicos, Nicolás Calderón; del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Iris Guaba y del Instituto de Bienestar Estudiantil (INABIE), René Jáquez; así como el Representante del BID Miguel Coronado, la asesora regional del Banco Mundial, representantes del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil, Cruz Roja Dominicana, el sector privado y otras entidades gubernamentales.
Una de las principales acciones sugeridas en el marco de los próximos pasos fue la elaboración de una Estrategia Integral u Hoja de Ruta para fortalecer y promover la protección social en emergencias en el país.
Importancia del estudio
La actividad y sus insumos serán una base de información importante para la formulación del Plan Estratégico de País del PMA para los próximos cinco años, el cual estará enfocado en apoyar a República Dominicana en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número dos y siete; “Hambre Cero” y “Alianzas para lograr los objetivos”, respectivamente.
Representantes de las entidades organizadoras identificaron áreas claves de inversión y acciones para fortalecer el potencial del sistema de protección social del país para dar respuesta a situaciones de desastre y satisfacer las necesidades de las personas afectadas por los mismos. La actividad sirvió también para presentar el marco conceptual de los Sistemas de Protección Social Reactivos (o pro-activos) en América Latina y el Caribe.
El modelo de la red de seguridad social dominicano está conformado por un Sistema de Seguridad Social integral y uno de asistencia social. El primero incluye el de pensiones, salud y riesgos profesionales; y el segundo las transferencias monetarias condicionadas y acompañamiento socioeducativo que se hace a través Prosoli, subsidios focalizados, entre otros.
Protección social y desastres
La Vicepresidencia de la República y el PMA firmaron en 2017 un acuerdo de colaboración mediante el cual se podría canalizar asistencia a la población afectada por un desastre de gran magnitud a través de la plataforma de protección social del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y las instituciones que lo conforman.
El Banco Mundial ha informado que integrar consideraciones de riesgo de desastres y cambio climático en la focalización y el diseño de los programas de protección social puede contribuir a prevenir que los hogares más vulnerables agraven su situación de pobreza, reducir su exposición general a los riesgos y adoptar medidas de largo plazo para adaptarse al cambio climático.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en los últimos 50 años ha aumentado la recurrencia de desastres naturales, pasando su promedio anual de 19 en el año 1960 a 68 en los primeros 10 años del siglo XX.
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