SANTO DOMINGO.- Decenas de banqueros de todos el país, se trasladaron este martes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, apoyar al presidente de la Federación Nacional de Bancas de Loterías ¨FENABANCA¨,Lic. William Rosario Ortíz, quién ha sido demandado por los propietarios de LEIDSA y Loto Real.
Los propietarios de Bancas de Loterías a filiados a Fenabanca mantienen un lucha campar con la Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S, A ¨LEIDSA¨ y Loto Real, quienes pretenden cobrarles unos impuestos de manera abusiva por el uso de sorteo.
Sostienen que los concesionarios en su momento solicitaron a la Federación Nacional de Bancas de Loterías un permiso y un Decreto para vender los productos de la Lotería Nacional en nuestra plataforma, hoy está sometiendo a los banqueros a un pago injusto, abusivo y tienen un asedio contra miles de banqueros de la República Dominicana.
Ante este escenario la federación se prepara para un plan de lucha con los concesionarios y una demanda al Ministerio de Hacienda y al Palacio Nacional de la privación de los supuestos sorteos, para así evitar los conflictos y seguir pagándole al Estado Dominicano los impuestos que esto implica.
La federación, sostiene que los concesionarios no tienen derecho alguno a obligarlo a pagar por el uso de terminales, dado que ellos también utilizan los de la Lotería Nacional.
El presidente de FENABANCA, Lic. William Rosario Ortiz, afirmó que existe una componenda en los tribunales del país, y algunas instituciones gubernamentales para favorecer a los Concesionarios, siendo este sector el que mayor empleomanía aporta a la economía nacional, porqué cada banca tiene un local rentado, paga luz, TSS, Teléfono, empleados, entre muchas otras cosas.
Destaco que los Concesionarios solo son empresas parásitos que se instalan en puestos de trabajos ya establecidos, agregándoles más compromisos a las operarias de Supermercados, Farmacias, entre otros.
En los próximos días se proponen acudir en masas al Ministerio de Hacienda y al Palacio Nacional a exigir la repuesta de parte del Gobierno, a la documentación entregada, demandando igualdad de derechos comerciales.
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