Este acuerdo pondría una carga económica y social adicional a la que ya ha venido afectando al presupuesto nacional, al tiempo que estimularía aún más el descontrolado flujo migratorio proveniente principalmente de la República de Haití.
Al mismo tiempo, se restringe la posibilidad de aplicar las leyes, reglamentos y disposiciones que tienen que ver con la cuestión migratoria, toda vez que quedaríamos atados a los intereses de organismos y naciones que erróneamente entienden que la solución de los graves problemas del vecino país tienen solución aquí, razón por la cual no han hecho nada para ayudar en su país al empobrecido pueblo haitiano.
Este organismo patriótico entiende que las autoridades que dirigen y administran al Estado dominicano, que tienen que aplicar la política internacional y, en especial, las acciones migratorias, principalmente el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, debe dar las instrucciones correspondientes para que no se comprometa la soberanía dominicana y, por tanto, que no se suscriba este Pacto Mundial Migratorio que ha propuesto la Organización de las Naciones Unidas, por resultar perjudicial al supremo interés nacional.
La Constitución de la República Dominicana vigente expresa en su artículo 3: “La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por esta Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de no intervención es una norma invariable de la política internacional dominicana”.
Este artículo de nuestra norma suprema actual acoge el contenido del Proyecto de Ley Fundamental o Constitución de Duarte, el cual en su artículo sexto precisaba que la soberanía dominicana “es la fuente y garantía de las libertades patrias, la Ley Suprema del Pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como Nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera”.
Finalmente, llamamos a la reflexión de todos los dominicanos comprometidos con su patria para que asuman su defensa, que tanto ha tenido que esforzarse y luchar por su libertad, su soberanía y su independencia.
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