Santo Domingo, RD.- La Procuraduría General de la República junto a otras instituciones públicas y privada firmó un memorando de entendimiento para destruir las armas de fuego decomisadas y depuradas legalmente, con el propósito de evitar que puedan ser reutilizadas en hechos delictivos.
El acuerdo fue rubricado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, los ministros de Defensa y de Interior y Policía, teniente general Rubén Paulino Sem y José Ramón Fadul, respectivamente, así como por el presidente ejecutivo de Gerdau Metaldom, Jefferson Marko.
“Nuestro compromiso es combatir y reducir la criminalidad en el país, por lo que agradecemos a Metaldom que se une a nosotros para contribuir a enfrentar esta causa”, enfatizó Rodríguez.
Mientras, que el ministro de Interior y Policía informó que tienen más de 1,600 armas de fuego, entre las que se encuentran, pistolas, revólveres, escopetas, chilenas y rifles para demolerlos. De igual forma agregó que el acuerdo reducirá las armas de fuego en manos de particulares.
De su lado, el presidente de Gerdau Metaldom aseguró que la demolición se desarrollará cumpliendo con todas las normas ambientales del país por la seguridad del Estado y todos los dominicanos.
En el acto de firma del memorando también participaron, Maura Martínez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas de Fuego; el director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrín Bautista, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante Félix Alburquerque, entre otras personalidades.
La formalización del acuerdo facilita la colaboración entre las partes firmantes para reducir el número de armas y municiones con la finalidad de que nunca puedan ser utilizadas y no representen un riesgo para la población dominicana.
Mediante el acuerdo se determina que Metaldom, empresa dedicada al procesamiento de metales, realizará de manera gratuita el proceso de destrucción de las armas de fuego y material controlado en estatus confiscados y previamente depurados, que estén en posesión del Estado, atendiendo a las normas legales establecidas.
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