El Juzgado de la Instrucción de esta demarcación, representado por el juez interino Francis Antigua, falló que la imputada Hilda Mercedes Suriel Gil, quien para su entramado criminal utilizaba el nombre falso de Carmen Concepción Gil, pague la suma de trescientos mil pesos en efectivo como garantía económica.
Además, deberá presentarse una vez al mes durante seis meses por la Fiscalía de esta jurisdicción, por los hechos que se le imputan, de estafar a personas a quienes les prometía diligencias consulares para obtener visas a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
De acuerdo con el relato de los hechos presentados por el Ministerio Público de esta localidad, la imputada le ofreció a una víctima denunciante la obtención de un visado rápido y sin contratiempos para viajar hacia España, asegurando que trabajaba para el consulado de ese país europeo y mantenía estrechos vínculos de amistad con un senador de la República para su acción delictiva, sin que hasta la fecha cumpliera lo que había prometido.
Las evidencias levantadas en la investigación muestran que la víctima le entregó la suma de RD$260,000, para completar un total de 426,500, para conseguir el viaje que la mujer le había prometido. Luego, la encartada se dio cuenta de que le habían descubierto su entramado y acordó devolver el dinero recibido, pero nunca formalizó la entrega del efectivo.
La detención de la imputada estuvo amparada en una orden de arresto expedida por el Juzgado de Instrucción en febrero de 2020, y posteriormente se requirió la solicitud y ejecución de una orden de allanamiento marcada con el número 0508-2020, en donde las autoridades actuantes encontraron en la residencia 11 pasaportes, sellos, diversos documentos vinculados a los trámites de viajes, así como también una caja fuerte, elementos probatorios que fueron presentados ante el juez que conoció la medida de coerción.
Las autoridades del Ministerio Público informaron que Concepción Gil, como se hacía llamar la imputada, forma parte de una red criminal dedicada a la estafa con visados Schengen, por lo que fue sometida a la acción de la justicia por haber incurrido en violación de los artículos 2 y 7, numerales D y H, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y el artículo 405 del Código Penal Dominicano en perjuicio de la víctima.
