En Rueda de Prensa realizada hoy el presidente de la FEDOSEP, Etanislao Castillo Reynoso señaló que, entre las dependencias estatales más destacadas en la cancelación de su personal, se encuentra el Ministerio de Educación MINERD, en donde el Ministro Roberto Fulcar, de manera inhumana, sin importar condición de salud, tiempo en servicios o edad, ha despedidos más de cinco mil humildes trabajadores administrativos.
Destaca Castillo que “con estos despidos masivos en medio de la pandemia el gobierno estaría condenando una gran parte de la población, trabajadores de la administración pública en medio de la crisis económica que vive nuestra nación y el mundo, no solo a perder sus empleos, sino tambien su seguridad y salud lo que provocaría la muerte de miles de dominicanos, así como también a personas enfermas, con licencias médicas, con enfermedades catastróficas, de accidentes laborales (cáncer, en estado vegetal, diálisis, diabetes tipo 3, con accidente laboral), entregándoles certificación con fechas m atrasadas”. Continúa diciendo que “estas acciones irracionales, ilegales e injustas, sustraídas de las viejas ideas político-clientelar, basadas en promesas de empleos públicos por activismo político y que han sido una cultura, se contraponen totalmente con la estructura jurídica que rige el comportamiento de las instituciones y funcionarios públicos del Estado dominicano en estos momentos”. 
Roberto Furcal
Insiste el dirigente gremial que “los despidos masivos se realizan por sospechas de no haber votado por el partido del gobierno, lo que constituye una violación a los derechos humano y a los convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo a la luz de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la justicia social para una globalización equitativa”.
Asume la FEDOSEP, filial de la confederación nacional de la unidad sindical (CNUS), que “el presidente Luis Abinader no debe ni puede permitir que en una situación difícil a nivel de empleos privados, pues de acuerdo a cifras oficiales hay más de un millón de trabajadores que están suspendidos temporalmente, amparados por el programa FASE, entonces es una medida injusta y contraria lanzar a las calles a más de 200 mil empleados públicos, recordando que el mismo dijo que No se harían despidos masivos porque ese personal capacitado y con los derechos no se tocaría, creando ahora una crisis de tal magnitud que podría convertirse en una bomba de tiempo, que al explotar afectará de manera significativa los niveles de estabilidad social y política, por vía de consecuencias, la necesaria y urgente dinamización de la economía”.
Le reiteran al presidente “que es una responsabilidad del Estado proteger a los trabajadores en situación vulnerable, reducir la pobreza y contribuir a la estabilidad económica del país antes la crisis del COVID-19”.
