El ex-director nacional del Registro de Títulos y ex-presidente del Colegio de Abogados, doctor Wilson Gómez Ramírez denunció el proceso de contrarreforma que ha puesto en marcha el Consejo del Poder Judicial contra el proceso de modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria, arriesgando la calificación registral, la certeza y la seguridad jurídica que debe imperar en el sistema inmobiliario registral.
El también juez del Tribunal Constitucional aseguró que “esta contrarreforma se expresa con meridiana claridad al ignorar las previsiones de la ley número 108-05, de Registro Inmobiliario, promulgada el 23 de marzo del 2005, al desconocer la competencia territorial y soberanía de los Registradores de Títulos, echando por la borda previsiones de la ley número 108-05, de Registro Inmobiliario, pretendiendo anular oficinas registrales, al margen del ordenamiento legal, privando con ello a los ciudadanos y entidades morales de un servicio calificado, directo y seguro”.
El doctor
Gómez Ramírez expresó que constituye “un ataque abierto al orden
constitucional se materializa cuando el Consejo del Poder Judicial,
arrogándose funciones legislativas, emite una resolución con la cual
procura eliminar instituciones establecidas por ley, como lo es la
Administración de Jurisdicción Inmobiliaria, prevista en el artículo 4
de la referida Ley No. 108-05, de Registro Inmobiliario, instituyendo un
organismo con características autónomas y reglamentarias, sin que
exista, como se evidencia, fundamento legal alguno”.
En
un documento suministrado a los medios, Gómez Ramírez, aseveró que está
en ejecución “una abierta conspiración contra el Sistema Inmobiliario
de la República, tipo Torrens, ya maltrecho con la incorporación de la
firma electrónica de los Certificados de Títulos, eliminando la firma
genuina, auténtica y material de los Registradores, responsables de
calificar y despachar los expedientes registrales, arriesgando con ello
la seguridad jurídica de la República Dominicana, dada la naturaleza
singular del referido sistema inmobiliario”.
Así
mismo, expresó su solidaridad con los pronunciamientos hechos
recientemente por el magistrado Manuel R. Herrera Carbuccia, primer
sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien
cuestionó con severidad las serias e inexplicables dificultades que
confrontan los despachos y procesos de los Tribunales laborales de la
República.
También denunció “la arbitrariedad y
el ejercicio abusivo de las facultades del Consejo del Poder Judicial y
de funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria se ha manifestado con
descaro, con motivo de la cancelación de varios Registradores de Títulos
que han honrado la función con un ejercicio honesto y recto durante
decenas de años, apelando a una supuesta “conveniencia institucional”,
pese a que, en algunos casos, han ingresado a la carrera administrativa y
están bajo el amparo del artículo 145 de la Norma Suprema”.
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