fuego y en el Plan de Seguridad Ciudadana que aplicará el Gobierno desde este lunes.
Henry
Sánchez y Grey Soraya Montás, vicepresidente ejecutivo y vocera de la ADIVAF, especifican
que no se oponen al Plan de Seguridad Ciudadana que iniciará el Gobierno, aunque
deploran que las 45 empresas afiliadas, no hayan sido tomadas en cuenta por las
autoridades ni por el Ministerio de Interior y Policía.
“Nuestro
clamor es que nos tomen en cuenta, somos empresas de las que dependen miles de
personas, y pensábamos que con el cambio de Gobierno, con nosotros se iba hacer
más flexible”, manifestaron.
Los
ejecutivos de ADIVAF sostienen que en el país, de las últimas armas de fuego
que ingresaron legales, no quedan nuevas para comercializar, lo que para
sobrevivir las armerías y empresas solo están realizando traspaso de armas.
Montas
enfatizó que la mala aplicación del Decreto 309-06 que prohibió la importación
de armas y municipios hizo que ese sector se fuera a la quiebra, y que ahora la
Resolución MIP-RR-0003-2021 de Interior y Policía, ha encarecido el costo de
armas y municipios.
Los
directivos de la ADIVAF dicen que las disposiciones oficiales van en detrimento
de las personas honestas que tributan al fisco e invierten entre 350 y 500 mil pesos
por una pistola, las cuales usan para defender sus bienes y patrimonios.
“Un
comerciante, un empresario no se va a desarmar. Un delincuentes no va a ir a
una armería a cumplir con todo el procedimiento y el proceso que se debe agotar,
comprar un arma para salir a delinquir a las calles”, adujo Montás.
Sánchez,
subrayó que el desarme de armas de fuego en la población no afectará al
delincuente sino a los dueños de colmados, empresarios, comerciantes y
representantes de sectores que aportan al desarrollo y a la economía del país.
Refieren
que la prohibición hace 16 años de armas de fuego y municiones, generó el
ingreso ilícito de cientos de miles de armas de fuego y municiones, en perjuicio
de empresas importadoras y que vende estas de manera legal.
Aseguran
que ADIVAF está en disposición de colaborar con el Gobierno y el Ministerio de
Interior en la redacción de resoluciones para control, en la regularización de tenencia
y porte de armas ajustado a la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas,
Municiones y Materiales Relacionados.
“Estamos
dispuesto a colaborar para que se apliquen medidas que contribuyan a recuperar
las armas ilegales en manos de delincuentes, producto del tráfico generado hace
más de 16 años, cuando se prohibió la importación legal de armas de fuego”, expuso
Montás.
Reconoce
Sánchez que la resol
ución MIP-RR-0003-2021 influirá en la seguridad nacional, empero
no así algunas medidas incluida en la misma.
Montás
subrayó que la mayoría de los delitos que se cometen en el país son con armas
de fuego ilegal, razón por lo que entiende el Gobierno no debe castigar las
empresas privadas legal que comercializan esos dispositivos.
