En una declaración la FARD explicó que
los desalojados fueron notificados el pasado 29 de marzo del año en curso, y se
les dio una semana más del plazo de los 15 días que establece la ley para
abandonar voluntariamente la propiedad privada invadida.
En la actividad participaron la Policía
Nacional, en su rol de fuerza pública, y representantes del Ministerio Público,
con apoyo de unidades la FARD. Para atender otros
aspectos del operativo participó personal del Consejo Nacional para la Niñez
(CONANI), la Dirección General de Migración (DGM), el Servicio Nacional para la
Protección Ambiental (SENPA), el Jardín Botánico y el Ayuntamiento de Santo
Domingo Este.
El operativo se realizó de manera ordenada, pacífica y los ocupantes no se resistieron a la orden de tomar sus ajuares y abandonar el área. Fueron asistidos por personal militar y se le suministró transporte para llevar sus enseres al destino escogido por ellos. Igualmente se instalaron cocinas móviles para ofrecer alimentos. Personal de CONANI y médicos de la FARD dieron atención a los menores de edad que lo necesitaron.
La institución militar informó, además,
que la recuperación de los terrenos tiene como objetivo restaurar la función
original asignada a esos 787,058 metros cuadrados ubicados junto a la verja
perimetral Noroeste de la Base Aérea de San Isidro. 
Es un área, que por su ubicación y por
estar dentro del patrón de vuelo de las aeronaves militares es una zona de importante
valor estratégico, en la cual se habían construido principalmente casuchas,
“creando una situación de inminente riesgo en torno a un recinto militar, tanto
para las operaciones de las aeronaves como para la población civil”, explica
una declaración de la FARD.
La Inspectoría General de la FARD
explicó que se cumplió con el debido proceso para tener la autorización
judicial, el auxilio de la fuerza pública y se notificó a todos los ocupantes
que pudieron ser contactados, ya que muchas casuchas no son habitadas
permanentemente. Además, dijo se han presentado querellas a 18 ocupantes
ilegales, 4 ya sentenciados y otros 14 tienen orden de arresto. La parcela fue
adquirida en el 2004 por el Estado y asignada a la institución militar.
En la propiedad se censaron 33 casas de
bloques de cemento, en su mayoría de muy escaso valor, y 347 casuchas
levantadas con cartón, restos de madera y pedazos de zinc, con pisos de tierra,
muchas de ellas inhabitadas y con poco o ningún mobiliario.
Como residentes fueron identificadas unas
600 personas, la mitad de ellas extranjeros ilegales. Las investigaciones
realizadas mostraron que muchos de los que se identificaron como propietarios
de casuchas son residentes permanentes en los barrios aledaños a los terrenos.
Delincuentes
y extranjeros ilegales
Explica la FARD, que, por diferentes
circunstancias, en los últimos años se fue creando una comunidad informal
arrabalizada en el perímetro de amortiguamiento de la verja de la Base Aérea de
San Isidro, que ha terminado acogiendo extranjeros ilegales y familias
empobrecidas, ambiente que atrajo individuos o bandas que se dedican a actividades
ilegales y criminales; como tráfico de
sustancias prohibidas, robo y desmantelamiento de autos, una situación en que se
incuban amenazas para la población de las urbanizaciones próximas.
Creación
de un gran arrabal
El área recuperada, señala la nota, se
encuentra dentro del patrón de vuelo y rango de acción establecido para las
maniobras de todas las operaciones aéreas desde y hacia esta base, agregando
también que es un espacio definido como punto alterno en caso de que se
presente alguna maniobra de emergencia.
La FARD asegura que la parte recuperada
de la propiedad tiene las características de un desordenado arrabal, que por
las características naturales incluyen cuevas y grandes agujeros creados en la
época en que se extrajo material de construcción.
Observa la FARD que el creciente
desarrollo urbano en esa parte de la ciudad tiene zonas con características
modernas y un patrón de organización que tiende a mejorar, por lo que es
recomendable evitar la creación de un gran arrabal, que afectará todo el
entorno y se convertirá en un problema social complejo de muy difícil solución,
con negativo impacto social, y un lugar con deterioro ambiental, por la
carencia de servicios y el alto costo de dar solución a estas necesidades en
áreas de difícil urbanización (agua potable, saneamiento, recolección de residuos,
etc.).
Área de
recreo para el sector
La entidad militar recuerda que esta
zona ha sido identificada como un lugar adecuado para desarrollar proyectos
comunitarios con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el Ministerio de
Medioambiente y el Jardín Botánico Nacional. Además, la recuperación preserva
la mitad del área que aún no ha sido ocupada, en la que existe una
biodiversidad que favorece la creación de zonas de esparcimiento para la
ciudad.
Recientemente, la FARD, el Ayuntamiento
de Santo Domingo Este y el Ministerio de Medioambiente firmaron un acuerdo para
rellenar con escombros de construcción los huecos provocados por la extracción
de materiales y cubrir el área con una capa de terreno para desarrollar un
parque.
