La Coalición Ciudadana Cambiemos solicitó al Congreso de la República la urgente aprobación de la “Ley de Extinción de Dominio” con la finalidad de que todos los recursos que producto de los hechos de corrupción que se han producido en el país en los últimos 24 años puedan ser recuperados.
Expresaron que la organización valora
como muy positivo que la nueva gestión encabezada por el presidente
Luis Abinader esté cumpliendo la promesa de fortalecer la
institucionalidad del país, dando pasos concretos para impulsar una
justicia independiente al seleccionar un Ministerio Público encabezado
por las magistradas Miriam Germán y Yeni Berenice Reynoso destacadas por
su ética, apego a los principios de la ley y capacidad profesional.
Señalaron, que el país hasta el momento ha visto un trabajo
profesional, estratégico y apegado a los principios y el debido proceso
judicial de parte de las nuevas autoridades del Ministerio Público,
prueba de esto son los casos: Pulpo y Coral, pero, que además, de que
los culpables de corrupción paguen con penas punitivas sus actos
delictivos, es fundamental que el Estado pueda recuperar más de 950,000
millones de pesos sustraídos en los últimos 20 año, según proyección de
la entidad Transparencia Internacional, la cual considera que un un 1%
de su PIB del país es consumido por la corrupción.
Apuntaron,
que es necesario un instrumento legal como la “Ley de Extinción de
Dominio”, una de las leyes complementarias que manda la constitución
promulgada en el 2010, y, que la Constitución dispone, en el artículo
51, numeral 6, que “La ley establecerá el régimen de administración y
disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y
en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento
jurídico”.
Dijeron, que este proyecto de ley lleva de 7
años de discusión en el Congreso, siendo aprobado en cuatro ocasiones
por el Senado de la República y perimiendo en la Cámara de Diputados.
Resaltaron,
que esta ley permitirá que la creación de los tribunales de extinción
de dominio, obligaría a las entidades financieras a dar informaciones
bancarias al juez, permitiría acuerdos internacionales para la
homologación de sentencias extranjeras, el decomiso civil de los bienes
procedentes de actividades ilícitas que sean instrumentos de actividades
ilícitas o donde se pretendan ocultar bienes de ilícita procedencia,
aunque no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad
penal.
Que de igual manera, permitirá decomisar
aquellos bienes que constituyan un incremento patrimonial injustificado,
aquellos que encontrándose a nombre de terceros que se determine que
son el producto o se encuentran vinculados a un hecho ilícito y que
quien se considera responsable del delito se comporta como dueño u
ostenta su posesión o domino.
Así como incautar aquellos
relacionados con personas contra las cuales se ha pronunciado condena
penal en el extranjero por narcotráfico, lavado de dinero, fraudes
contra el Estado o delincuencia organizada, aquellos cuyo propietario
haya tenido conocimiento de su utilización en el hecho ilícito y no lo
haya notificado a la autoridad o no haya hecho algo para impedirlo
razonablemente.
“Como se puede ver, esta ley
permitiría rastrear todas las formas, mecanismos y medios, que los
culpables de corrupción utilicen para ocultar el patrimonio y bienes
robados al Estado, y sin ella en gran medida los corruptos se saldrían
con la suya pues de alguna manera seguirían disfrutando de dichos
recursos, los cuales han costado mucha pobreza al país”, Puntualizo
Silvia Soto, coordinadora de Cambiemos.
Finalmente,
la organización pidió al presidente Luis Abinader que con la mayoría
absoluta que tienen en este momento en el Congreso hagan realidad la
aprobación de esta ley, ya, que esta representaría “La fresa del
pastel”, en la lucha contra la corrupción en el país.
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