Remitimos las declaraciones del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio
Climático, CNLCC, y del Instituto de Abogados para la Protección del Medio
Ambiente, INSAPROMA, reaccionando ante la prohibición a ingresar a las
instalaciones de la Central de la Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, dirigida
en contra de los senadores de la Comisión Permanente de Medio Ambiente del
Senado que se proponía realizar un descenso en esta termoeléctrica para
verificar denuncias sobre la contaminación letal que ésta produce. A continuación,
el texto de esta declaración que también se adjunta como documento junto con
varias fotos del incidente y el enlace de acceso al video que contiene las
declaraciones del senador Héctor Acosta, presidente de esta comisión.
l Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el
Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA,
condenaron el atropello sufrido esta mañana por los senadores de la Comisión
Permanente de Medio Ambiente en la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC.
Consideraron que es insólito que representantes del primer Poder del
Estado, se les impidiera, sin que se ofreciera ninguna explicación, la entrada
a la Central Punta Catalina y fueran mantenidos durante más de dos horas en la
carretera a pleno sol.
Manifestaron que el hecho es una grave obstrucción a la función
constitucional del Senado de supervisar los bienes, dependencias y empresas del
Estado dominicano.
Indicaron que los senadores Héctor Acosta, Antonio Marte, Milciádes Franjul y Lenin Valdez López, miembros de la Comisión Permanente de Medio Ambiente del Senado de la República, se les impidió realizar un descenso a las instalaciones de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, para investigar denuncias sobre la contaminación letal que está produciendo esta termoeléctrica.
Señalaron que el incidente demuestra que la institucionalidad del Estado es
muy débil o no existe, “cuando un funcionario de 3era. o 4ta categoría puede
impedir que toda una comisión senatorial cumpla con su misión constitucional, y
hacer esta obstrucción sin ni siquiera apersonarse al lugar o dar algún tipo de
explicación”.
Dijeron que si el Senado no castiga este irrespeto de forma ejemplar, constituirá
un precedente para que en el futuro otros traten de igual forma a la Cámara
alta y a todo el Congreso Nacional.
Por otra parte, afirmaron que la negativa ocurrida esta mañana a dejar ingresar a la comisión permanente de Medio Ambiente del Senado a Punta Catalina, es una prueba de que se intenta ocultar la catástrofe ambiental y sanitaria que está produciendo la contaminación de estas plantas de carbón en la provincia Peravia, y el desastre de su operación a causa de fallos técnicos estructurales no solucionados. Plantearon que no es la primera vez que la actual administración de Punta Catalina impide que autoridades competentes y con respaldo de la ley, ingresen a sus instalaciones. “En diciembre pasado, un coronel del Ejército de apellido Liranzo impidió a la procuraduría ambiental y a la Comisión Ambiental de la UASD entrar al depósito de cenizas de Punta Catalina para tomar muestras de estos residuos, a pesar de que habían comunicado con anticipación su visita y el motivo de ella”, testimoniaron.
“Estamos seguros que si los medios de comunicación y la opinión pública en
general tuvieran acceso a Punta Catalina, el horror que causaría en el público
la contaminación y los daños que está generando, obligaría a apagar de
inmediato a estas plantas de carbón”, adujeron.
Aseguraron que la construcción del espigón del puerto carbonero de la
central cambió el comportamiento de la marea y de las corrientes marinas
causando la desaparición de gran parte de las playas del litoral, así como el
vertido de agua hirviente al mar ha hecho desaparecer la vida marina con lo
cual se extinguió la pesca en el lugar.
Igualmente citaron que la enorme montaña de cenizas arrojadas a la
intemperie que no cesa de crecer, está contaminando los suelos, el agua
superficial y subterránea y esparciendo una gran cantidad de micro partículas
que son barridas por el viento hacia la población y los cultivos aledaños.
También expresaron que las emisiones de gases ácidos y las micro partículas
a través de la chimenea, están muy por encima de los estándares
internacionales, llegando en ocasiones a situarse 40 veces por encima de estas
normas, --como las propias autoridades han reconocido--, produciendo densas
nubes tóxicas estacionarias que podrían causar numerosas muertes súbitas en
pocas horas en la zona comprendida entre Catalina y la ciudad de Baní, en un
radio de 20 kilómetros.
Enfatizaron que la administración de Punta Catalina y el Ministerio de
Energía y Minas “no quieren que el pueblo dominicano tome conciencia del
genocidio que está sucediendo en la provincia Peravia, que se pretende
justificar en la necesidad de generar electricidad para reducir el déficit
eléctrico del país”.
