Santo Domingo, 25 de mayo de 2021. A siete años de promulgada Ley 169-14, dominicanos afectados por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional aseguran que continúan enfrentando indocumentación y exclusión de los programas sociales.
“En el contexto del Covid-19, los dominicanos afectados por la Sentencia 168-13 no han podido ser beneficiarios directos de programas de salud y asistencia social, además de ser excluidos de la vacunación en su propio país por carecer del documento de identidad, incrementando así los riesgos de contagio y propagación del Covid-19 en sus comunidades”, asegura el grupo.
Las organizaciones de sociedad civil agrupadas en la Plataforma afirman que la ambigüedad y mala aplicación administrativa de la ley, en la que se han mezclado los procesos burocráticos, mantienen en el limbo jurídico a miles de dominicanos.
De los 8 mil 962 registrados en el proceso planteado por el Estado Dominicano como alternativa a las personas afectadas por la Sentencia 168-13, solo a 799 se les ha sido concedida la nacionalidad (749 por el Decreto 262-2020 en la administración del ex presidente Danilo Medina y otras 50 personas conforme al Decreto 297-21 emitido el pasado 31 abril).
El 90% de inscritos en el proceso de naturalización a través de la Ley 169-14 (unas 7 mil 963 personas) siguen a la espera de que se concrete la promesa de adquisición de la nacionalidad dominicana. Hasta la fecha no se ha establecido un mecanismo que materialice la entrega de documentación, ni la efectiva restitución de la nacionalidad dominicana, dejando a los participantes del proceso en un estado de indefinición.
En un limbo jurídico:
La Plataforma asegura que durante los últimos cinco años se han incrementado el número de subregistros en la Junta Central Electoral. Más de 15 mil personas nacidas antes del 2010 han sido inscritas de forma arbitraria en los Libros de Madres Extranjeras No Residentes, creados con el fin de segregar una población que ha sido despojada del derecho a la nacionalidad.
“La documentación que reciben -proveniente de libros no reconocidos en la ley 659, sobre actos de la vida civil, no permite acceder a la cédula, ni abre la puerta a ningún otro derecho. Los dominicano/as indocumentados o sub-registrados están en situación o riesgo de apatridia, no viven bajo la protección del Estado de derecho. Existen, pero en un limbo jurídico”, afirmó el grupo.
La Plataforma Dominican@s por Derecho reitera su disposición de diálogo y ofrece su expertis para superar las barreras y avanzar en una solución duradera, y lograr, de una vez por todas la restitución de la nacionalidad de miles de dominicanos.
DXD está integrada por organizaciones de sociedad civil y líderes que reivindican el derecho a la nacionalidad de dominicanos hijos de migrantes, afectados por la Sentencia 168-13. Componen la plataforma: Asociación Scalabriniana Al Servicio De La Movilidad Humana (ASCALA); Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO); Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA); Centro de Educación para el Desarrollo (CEDUCA); Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA); Movimiento Reconoci.do y el Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA).
