POR ALBERTO QUEZADA
La firmeza con que el Gobierno de la República Dominicana ha venido enfrentando el histórico problema migratorio irregular de Haití en los últimos meses constituye un gesto que merece el respaldo de todos los sectores de la sociedad.
Ya era hora de que las autoridades dominicanas asumieran de una vez y por todas su derecho legítimo y soberano de decidir quién y en qué condiciones puede permanecer alguien en su territorio.
La migración en todas las partes del mundo es normal siempre y cuando los inmigrantes se acojan y cumplan con las normativas internas que establecen los Estados.
Esto lo planteamos porque que no es justo que al país en los últimos meses haya sido sometido a un asedio en el ámbito internacional, tratando de llevarlo asumir decisiones y responsabilidades que no están a su alcance ni material ni institucionalmente.
Sencillamente, la República Dominicana no puede acoger en su territorio personas que no cumplan con lo que establecen las leyes dominicanas y la Constitución. Más nada.
Todo aquel habitante de la nacionalidad que sea, haitiano, chino, japonés, español, cubano, mexicano, peruano, venezolano, que no se acoja a lo establecido en nuestras normas migratorias formales en los tiempos y plazos determinados simple y llanamente deberá ser enviado a su país de origen.
La autoridades dominicanas en sus diferentes instancias que no se dejen chantajear, eso es lo que se hace en todas partes del mundo e incluso los acuerdos, convenios y tratados internacionales así lo estipulan. Ahora bien, para que el país no sea puesto aún más en las cuatro esquinas, esos procesos de cumplimiento de las leyes y deportación de extranjeros siempre deberán de ejecutarse bajo estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso.
Esto lo decimos porque en anteriores gestiones gubernamentales no se observaron las más elementales reglas de protocolo de respeto a la dignidad humana del inmigrante ilegal y el país recibió varias condenas en tribunales internacionales que al día de hoy es estigmatizado como racista y violador de los derechos humanos. Apliquemos nuestras leyes migratorias, sin abusos, pero con firmeza.
El autor es periodista y magister en Derecho y Relaciones Internacionales. Residente en Santo Domingo.Quezada.alberto218@
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