Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la insistencia del gobierno de El Salvador de procesar a los periodistas por reproducir contenidos y criminalizarlos por divulgar información que las autoridades consideran confidencial.
El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, recomendó a tres funcionarios del gobierno que demanden por difamación a periodistas de medios locales. Argueta determinó que los periodistas difamaron a los funcionarios al reportar sobre las sanciones que el gobierno de EE.UU. les impuso por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
No es la primera vez que Argueta amenaza con querellas contra periodistas. En septiembre dijo que emprendería acciones legales contra reporteros de la revista GatoEncerrado si se negaban a divulgar sus fuentes de información. Los periodistas informaron que Argueta maniobró para que la Corte Suprema de Justicia avalara la reelección del presidente Nayib Bukele.
En otro orden, la semana pasada la Asamblea Legislativa reformó la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos, cuyo artículo 25 castiga con entre cinco y ocho años de prisión a quien "deliberadamente obtenga o transfiriera mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, información de carácter confidencial".
Jorge Canahuati, presidente de la SIP y presidente del Grupo Opsa, de Honduras, dijo que "el hecho de que los periodistas puedan ser demandados por hacer su trabajo y obligados a revelar sus fuentes implica serios atropellos a la libertad de prensa y a la democracia".
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, advirtió que "criminalizar a los periodistas violentando el secreto profesional es un arma con la que se quiere inhibir al periodismo y a las fuentes informativas para prevenir que los hechos de corrupción pública salgan a la luz".
Canahuati y Jornet lamentaron que el gobierno salvadoreño siga imponiendo cortapisas a la libertad de prensa y pidieron mayores garantías de libertad de prensa para fortalecer la democracia como establecen las declaraciones de Chapultepec y Salta.
La Declaración de Chapultepec advierte que "no podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información". La Declaración de Salta alerta que "los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad".
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece en su punto 11: "Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como 'leyes de desacato' atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
