POR ALBERTO QUEZADA
Uno de los grandes problemas que como sociedad históricamente hemos arrastrado es el desprecio o la mala maña de nuestros gobernantes y funcionarios dominicanos de no tener claro la importancia de la continuidad de Estado para lograr el desarrollo definitivo del país.
Es reiterativo desde la apertura de la vida democrática de la nación a la fecha, ver a los distintos gobernantes de la mayoría de los partidos políticos del sistema reproducir la mala práctica de abandonar los planes, programas y obras civiles iniciadas por sus antecesores.
Este comportamiento, sin dudas, le hace y le ha hecho mucho daño al desarrollo institucional, económico, político y social de la República Dominicana, al punto que nos hace ver ante los ojos de los demás como una República débil institucionalmente e incapaz de despojarse de ese malvado lastre típico del subdesarrollo.
Es vergonzoso ver como planes, programas e iniciativas de un inmenso impacto social en el ámbito de la salud, como por ejemplo, la instalación y puesta en marcha del sistema de los Centros de Atención Primaria (CAP) no se le haya puesto fin a su ejecución.
Esa interesante estrategia de prevención sanitaria tiene más de dos décadas que se anunció y se plasmó como una prioridad y esta es la fecha que el país aún no ha terminado de articular algo tan importante para gente en cada una de sus demarcaciones.
Y que no me vengan con la solfa de que este es un país pobre, en vía de desarrollo, con un presupuesto limitado, porque en este caso ese no ha sido el problema ya que los bancos de financiamiento internacional como el Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID) han abierto líneas de crédito desde año 2008 para ejecutarlo.
No sé qué ha pasado con esos financiamientos, si ejecutaron o se perdieron; lo cierto es que con la aparición de esta pandemia Covid-19 he extrañado esas infraestructuras y me he preguntado ¿Por qué rayos no constitucionalizamos la figura de la Continuidad de Estado?.
