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POR ALBERTO QUEZADA
El panorama de la economía mundial presentado por el Banco Mundial en su más reciente informe del pasado 7 junio de este año proyecta para las economías de América Latina y el Caribe una situación que debe preocupar y ocupar.
Los pronósticos que se plantean en el referido informe no son nada halagüeño para una región geopolítica conformada por más de 40 países con una población de habitantes de alrededor de 400 millones.
El más reciente informe perspectivas económicas mundiales presentado por el Banco Mundial prevé que el crecimiento mundial descienda del 5,7% en 2021 al 2,9 en 2022, un porcentaje considerablemente menor que el 4,1 % que se anticipó en enero de 2022.
Pero hay algo más, ese mismo informe sobre las perspectivas económicas de la región destaca que, en América Latina y el Caribe se pronostica que el crecimiento se desacelerará al 2,5 % en 2022 y al 1,9 % en 2023.
Esto queridos lectores en pocas palabras significa que el estado de la economía mundial para este año proyecta cerrar según el análisis y evaluación de este organismo internacional con un escaso crecimiento y una elevada inflación.
Pero más adelante en el mismo informe, el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, afirma que ¨la guerra en Ucrania, los confinamientos en China, los trastornos de la cadena de suministro y el riesgo de estanflación afectan el crecimiento. Para muchos países, será difícil evitar la recesión”,
Examinado y reflexionado este informe económico dado a conocer por este reputado organismo internacional es necesario que los tomadores de decisiones y administradores del gobierno de esta media isla caribeña le pongan atención y comiencen a elaborar su plan de acción hasta el 2024.
Además, los encargados de formular las políticas deberán abstenerse de implementar medidas distorsionadoras, como controles de precios, subvenciones y prohibiciones de exportación, que podrían acrecentar el reciente aumento en los precios de los productos básicos.
Y finalmente, en el actual contexto complejo que se nos presenta de una mayor inflación, un menor crecimiento, una situación financiera más restrictiva y un limitado espacio para la política fiscal, el gobierno dominicano debería redefinir la prioridad de los gastos para orientarlos a brindar apoyo específico a las poblaciones vulnerables.
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