Santo Domingo. RD. Dos organizaciones de derechos humanos denunciaron hoy que el descargo y la variación de medidas de coerción a implicados en presuntos casos de corrupción por parte de algunos actores del sistema judicial estaría perjudicando la lucha contra la corrupción que viene llevando a cabo el Gobierno de Luis Abinader a través de la Procuraduría General de la República.
La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Desacatados (AFAMIDESA) y la Defensoría de los Derechos Humanos de los Inmigrantes (DEDEDIN) se refieren a los recientes casos de corrupción Odebrecht, Tucanos, Antipulpo y OMSA cuyos involucrados han sido favorecidos con variación de medidas y descargo por alegada falta de pruebas por parte del Ministerio Público.
Las entidades de derechos humanos hicieron un llamado a la sociedad dominicana y organizaciones representativas del país mantenerse atentas ante los casos que se conocen en la justicia Operación 13, Coral I, Coral 5G y Medusa porque, en los meses venideros, podría ocurrir algo similar si el objetivo es afectar la lucha anticorrupción del Gobierno.
AFAMIESA y DEDEDIN pidieron al Consejo del Poder Judicial, que preside Henry Molina, seleccionar con mayor rigor el personal que conocerá los mencionados casos de corrupción ya que el pueblo dominicano está perdiendo la confianza y credibilidad en la actual administración de justicia, producto de la facilidad con que son puestos en libertad acusados de malversar fondos del Estado.
Consideraron necesario que el Consejo del Poder Judicial designe una comisión de juristas de esa entidad que estudie las motivaciones presentadas en las sentencias por los jueces que ordenan la libertad y variación de medidas de coerción a los acusados en los casos Odebrecht, Tucanos, Antipulpo, OMSA, entre otros.