Los Abogados Fredermido Ferreras Diaz y Carlos Manuel Mesa, declararon hoy a este medio de comunicación, que en fecha 13 de mayo del año 2021, el sector transporte del país, representado por el dirigente sindical Mario Díaz y un grupo de dirigentes gremiales, depositaron una Querella con Constitución en Actor Civil en la Procuraduría General de la República, en contra de los hoy apresados y encartados, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, por el supuesto desfalco de más de 17 mil millones de pesos de los fondos producidos por la ley 253-12, que crea un impuesto al consumo de combustibles premiun de dos pesos por galón vendido y que destina el 25% de esa recaudacion para ser utilizada en el cambio de la flotilla vehicular del transporte público de pasajeros y de cargas, atraves del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con las Empresas, Federaciones y Sindicatos del Transporte, lo que nunca ocurrió, sin que el gobierno de Danilo Medina ofreciera una explicación de en que se gastaron esos fondos millonarios propiedad de los choferes y sindicatos legalmente constituidos, pero que se presume fueron usados en el ilegal programa de Asfaltado que dirigió el otrora Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
Ferreras Díaz y Carlos Mesa, expresaron que en su momento esa Querella fue suscrita también por el Senador Antonio Marte, en representación de CONATRA, pero que luego desistió de su condición de querellante, no así de su condición de denunciante, pero que dicha querella se mantuvo vigente, ya que el segundo querellante, el señor José Nicasio Díaz Guzmán (Mario Díaz), en representación de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC) y más de diez Federaciones y Sindicatos, mantuvieron la vigencia de esa acusación, sin que a dos años de presentada la misma el Ministerio Público investigara e hiciera la acusación pertinente, por lo que en el día de mañana lunes serán emplazados junto a la Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana, para que emitan sus dictámenes y se realice la Auditoría solicitada, o de lo contrario haciendo uso del artículo 226 de la normativa procesal penal, nos sumaremos a la acusación actual y solicitaremos también medidas de coerción en contra de los apresados, ante la inercia manifiesta del Ministerio Público.
Ambos abogados constitucionalistas y penalistas establecen en esta nota, que junto al dirigente sindical y abogado Mario Díaz, firmaron esos querellamientos y que nunca han renunciado a la acción, por lo que se incorporan a partir de mañana al presente proceso en curso, ya que este expediente del desfalco a los fondos del transporte es aún mayor, y envuelve la friolera de más de 17 mil millones de pesos y que el Ministerio Público lo ha ignorado para dictaminar, pero la misma ley de procedimiento penal en su artículo 226 reserva al querellante constituido en actor civil, solicitar de manera directa medidas de coercion y adherirse a la acusación presente, dónde ya hay varios arrestados.