Santo Domingo, RD. - Una comisión de la Junta Central Electoral se reunió con el Comité Ejecutivo de Participación Ciudadana para tratar sobre la campaña y precampaña política, voto en el exterior, compra de los equipos informáticos para las elecciones de 2024, así como el control financiero a las organizaciones política y otros aspectos vinculantes.
Por parte de la JCE participó el miembro titular Rafael Samir Chami Isa como enlace del Pleno con la entidad; los directores de Elecciones, Mario Núñez; de Informática, Johnny Rivera; del Voto en el Exterior, Well Sepúlveda; del Control Financiero de los partidos, movimientos agrupaciones políticas, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos; así como el encargado de la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, Manuel Peña Conce.
En tanto que Participación Ciudadana, estuvo Nora Sánchez, coordinadora General; Miriam Milagros Díaz Santana, Josefina Arvelo, Francisco Álvarez, Fátima Lorenzo, Zobeyda Apólito y Leidy blanco.
En el encuentro, que se realizó en la oficina de Participación Ciudadana, Chami Isa, recordó que la JCE no tiene garras legales para poder atacar “esa campaña a destiempo”.
Detalló que en la propuesta de modificación de las leyes electorales que depositó la JCE en el Congreso se incluyeron medidas al respecto y no fueron acogidas.
Al respecto, Núñez indicó que el periodo previo de precampaña viene a consecuencia de un tema a lo interno de las organizaciones políticas, aspectos que no están controlados por la ley, pero requieren de una supervisión.
“No fue la ley deseada, pero fue la ley posible”, dijo el director de Elecciones, al señalar que la promoción interna no la limitan a los locales partidarios, sino que trasciende al espacio físico del partido.
Primarias en el exterior
Con relación a las primarias en el exterior, Chami Isa indicó que la Ley de Partidos solo es de aplicación nacional, ya que no está previsto en la legislación la celebración de primarias simultáneas en el exterior.
Al respecto, el director del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepúlveda, manifestó que es difícil porque hay que solicitar permisos entre estados.
“Por ejemplo, Canadá no reconoce los diputados de ultramar, solo permite elecciones a nivel presidencial. A veces hay que sacar hasta 3 permisos: el del Estado, el del Ministerio de Interior y luego el de la ciudad”, compartió Sepúlveda, al añadir que también la publicidad es costosísima en el exterior.
Equipos para las elecciones febrero y mayo 2024
Con relación a la adquisición de los equipos de digitación, escaneo y transmisión, Chami Isa indicó que los equipos estarían llegando en noviembre.
Al respecto, el director de Informática, Jhonny Rivera, recordó que el 30 de mayo recibieron una comunicación de FUJITSU, marca fabricante de los equipos donde informó que los equipos ya están descontinuados, por lo que el Pleno procedió a informarlo a las organizaciones políticas.
El control financiero de los partidos
Con relación al control financiero de las organizaciones políticas y la rendición de cuentas, el director de la Unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, Hilario Espiñeira Ceballos, señaló que las organizaciones están obligados a presentar un presupuesto de lo que se gastan en las campañas.
En ese sentido, dijo que la JCE diseñó una plataforma donde estos deben colgar, el presupuesto de los gastos en campaña.
Sobre las medidas cautelares a los partidos
El encargado de la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, Manuel Peña Conce, manifestó que había una confusión con relación a la potestad sancionadora de la JCE.
“El 23 de febrero ya la JCE aprobó la creación de la Unidad Sancionadora. La Ley 20-23 vino a aclarar eso, el 27 de febrero del 2023. La Ley 107-13 exige que los organismos que tienen competencia para imponer sanciones de carácter administrativo deben crear un reglamento en donde se establezca ese procedimiento administrativo sancionador”, explicó.
Apuntó que ese borrador de reglamento se sometió a consideración de los partidos políticos y la sociedad civil, y que fue aprobado el 3 de mayo de 2023 y está en estudio establecer el proceso administrativo sancionador, que guarde las garantías y el debido proceso.
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