Santo Domingo, Rep. Dom.- El Tribunal Superior Administrativo conoce este miércoles la segunda audiencia de una acción de amparo de cumplimiento presentada por el Colegio Dominicano de Notarios contra la Procuraduría General de la República, por la retención ilegal e injustificada de más de 105 millones de pesos en perjuicio del gremio profesional.
La presidenta de la entidad, doctora Laura E. Sánchez Jiménez, estuvo acompañada en la audiencia de notarios, que reclamaron la aplicación de la ley para que este colegio garantice los planes de pensiones, ayudas médicas y cuente con los recursos necesarios para la firma digital.
La instancia fue elevada por la presidenta del gremio, Laura E. Sánchez Jiménez, y los abogados apoderados son Blaurio Alcántara y Zeneida Severino Marte.
En el procedimiento judicial, el Colegio de Notarios señala que la Procuraduría dejó de pagarle la citada cantidad por la transferencia de 130 pesos por cada acto notarial que sea certificada la firma del notario, desde la entrada en vigencia de la Ley 140-15, el 12 de agosto de 2015.
Sostuvo que, durante el período anotado, la Procuraduría no acredita íntegramente los montos que corresponden al Colegio de Notarios, y la acusó de causarle daños materiales y morales en la medida que mella las labores que dicho colegio está obligado a desarrollar con los fondos provenientes de la tasa legal a que se refiere la ley, incluyendo la asistencia social a sus afiliados.
Señala que la Procuraduría percibió casi tres mil millones de pesos, por la aplicación del recibo notarial, y explicó que la Procuraduría debe cobrar, conforme con la Ley 140-15, del Notariado, 130 pesos por cada acto notarial; sin embargo, está cobrando 700 pesos, de los cuales sólo entrega 80 pesos al Colegio de Notarios.
El Colegio de Notarios solicitó al tribunal competente ordenar a la Procuraduría cumplir con la ley, incluida la entrega de los fondos no percibidos por el Colegio de Notarios, y dijo que no ha tenido otra vía que actuar legalmente en las jurisdicciones correspondientes, a fin de que la Procuraduría cumpla con la ley.
La institución que agrupa a los fedatarios elevó el petitorio al tribunal de imponer a la Procuraduría a pagar una astreinte definitiva de 500 mil pesos diarios a favor del Plan de Pensiones de los Notarios, por cada día dejado de pagar a partir de la notificación de la sentencia a intervenir.
El Colegio Dominicano de Notarios no permitirá transgresiones, actuaciones impropias, arbitrarias y desnaturalizantes por parte de la Procuraduría, ni de ningún órgano o ente público o privado, en desmedro de sus responsabilidades reservadas por la ley.
Manifestó que es una aplicación impropia de la Procuraduría disponer el aumento del monto de dicho recibo de manera desproporcionada en su beneficio propio, no del Colegio Dominicano de Notarios, y en perjuicio de la ciudadanía, careciendo de competencia para ello, tal y como puede comprobarse por lo precisado por la Ley No. 140-15, del Notariado.
La doctora Sánchez Jiménez dijo que la Procuraduría General no está en condiciones de ejercer el control de la certificación de las firmas de los notarios públicos, toda vez que carece de la base documental que permite hacer las indispensables verificaciones.
Indicó que, por tanto, en tales circunstancias se pone en peligro la seguridad jurídica del país y de los actos jurídicos, cuestión que repercute también en los negocios del país, toda vez que pueden certificar las firmas de notarios fallecidos, destituidos, suspendidos o inhabilitados, por esa falta de información actualizada al respecto.
Sobre el Colegio de Notarios
Fue creado el 3 de junio de 1967, en una asamblea general en la cual sus fundadores juraron lealtad a sus postulados de ostentar la representación del notariado dominicano, velar por la ética notarial, contribuir con la preservación de la soberanía y el bienestar de la República Dominicana, intensificar la solidaridad y estimular la investigación y el intercambio de relaciones nacionales e internacionales.
Fue incorporado mediante el decreto número 1866 del 28 de noviembre de 1967, en tanto que el 24 de febrero del 2005, y promulgada la Ley 89-05, que la convirtió en institución moral de carácter público, con personalidad jurídica propia.
En 1973 se produjo el primer acuerdo con la Lotería Nacional, administrada en la época por Don Oscar Estrella Sadhalá, momento a partir del cual los notarios comienzan a comprobar e instrumentar actas relativas a los sorteos dominicales. Este hecho se constituyó en un importante incentivo para el aumento de la matriculación, en razón de que sólo podían asistir a dichos sorteos los Notarios inscritos en el Colegio Dominicano de Notarios.
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