Así lo expresó el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), Mario Díaz, quien en abril de este año junto a otros transportistas sometió una querella penal contra Medina y sus exfuncionarios, dejando el caso en manos de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA).
En documento de prensa, Díaz lamentó que no haya prosperado su querella a pesar de que se trata de unos 18 mil millones de pesos que fueron recaudados en el Gobierno pasado para el cambio de la flotilla vehicular, lo cual no se realizó.
Por cierto, anunció que tan pronto finalicen las festividades de Navidad y Año Nuevo, "emplazaremos a la PEPCA para que active ese expediente criminal".
"Más de 18 mil millones de pesos cobrados en impuestos a los consumidores de combustibles y que la ley 253-12 destinó para la sustitución de la flota vehicular del transporte público de pasajeros y de cargas de nuestro país, que están además protegidos por una sentencia del Tribunal Constitucional y por la ley 63-17, desaparecieron en la administración de Danilo Medina Sánchez, por orden directa de Gustavo Montalvo, en complicidas con los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta", añadió enfáticamente el dirigente sindical.
Afirmó que "la oposición debería callar y devolver todo lo que se llevaron entre las uñas, a través de la megacorrupción que hubo en sus gobiernos, en vez de estar tramando un plan para desacreditar al gobierno del presidente Abinader, que es un gobierno honesto y transparente, que no tapa los escándalos como se hacía en el pasado".
