Luego de la suspensión del pasado 25 de marzo, se espera que lunes 08 de abril el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conozca la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público (MP) para concluir la investigación en el denominado caso Calamar, que inició a finales del 2020.
En la audiencia fijada para las 9:00 de la mañana, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, será la encargada de decidir si se le otorga a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) una ampliación del plazo para terminar con la formulación de la acusación que, de acuerdo a los fiscales, estaba “lo suficientemente blindada”.
Se recuerda que esta operación se puso en marcha en marzo del 2023 -luego de casi tres años de investigaciones por parte de la PEPCA- con múltiples allanamientos y apresamientos que obtuvieron gran cobertura mediática, al estar involucrados tres ex ministros de la gestión del ex presidente de la República Danilo Medina.
El caso fue declarado complejo en abril del pasado año por la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, y al vencerse los plazos para presentar acusación, el MP solicitó una prórroga de cuatro meses a la magistrada Patricia Padilla.
La jueza Padilla fue recusada por la defensa de José Ramón Peralta, debido a "actitudes deliberadamente parciales" que estarían "obstruyendo el derecho a la defensa" del ex ministro, y en sustitución de Padilla, fue designada la magistrada Ana Lee Florimón.
A su vez, Florimón fue recusada por el MP horas antes de que diera a conocer su decisión. Posteriormente, durante una audiencia, la magistrada alegó ser víctima de persecución y acoso debido al desempeño de sus funciones. En respuesta, el Poder Judicial informó que investigaba dicha denuncia, pero hasta la fecha no se conocen los resultados de las pesquisas.
El pasado 18 de marzo de este año se cumplió un año de los arrestos en la operación Calamar, finalizando el tiempo máximo establecido por el Código Procesal Penal para que el MP presente acusación.
No obstante, aún se está en la espera de que se decida sobre la prórroga solicitada por la PEPCA.
