Según Pérez Sánchez, la implementación de estos autobuses sin la participación de todos los actores del sector incumple la normativa.
Señalaron que además de la adquisición de los 700 autobuses, el Ministerio de Educación ha contratado a empresas ajenas al sector transporte, dedicadas principalmente a la distribución y venta de vehículos, lo que consideran una competencia desleal.
«Esa práctica desleal provoca pérdidas, ya que los alumnos transportados por el Ministerio de Educación y las empresas no ligadas al sector representan una demanda de asientos que anteriormente era cubierta por nuestras unidades, generando un gran déficit operacional y administrativo», afirmó Pérez Sánchez.
Según la UNET y el Coemtrain, esta situación ha generado un déficit diario de RD$4,000,200 asientos a nivel nacional para los transportistas tradicionales, lo que afecta su operación en áreas como Boca Chica, La Caleta y Santo Domingo Este, donde el déficit supera los dos millones de asientos.
Las organizaciones acusan al Ministerio de Educación de no solo violar la Ley 63-17, sino también de exceder su competencia al intentar crear un sistema operativo de transporte escolar, lo cual no está contemplado en la Ley de Educación.
Pérez Sánchez concluyó diciendo que «todo esto perjudica a los transportistas tradicionales del país, quienes llevamos décadas ofreciendo este servicio con la garantía, seguridad y trato humano exigidos al momento de transportar estudiantes».
Además de Reynaldo Pérez Sánchez, presidente de la UNET y el Coemtrain, en la rueda de prensa participaron decenas de dirigentes y ejecutivos de la Unión de Choferes Independientes de Los Frailes (Uchoinfra), de Servicios y Transporte Pérez Sánchez & Asociados; de la empresa Operaciones de Transporte Público y Privado Sichoproboch, S.R.L., y de la Asociación de Propietarios de Minibus Rivera del Ozama (Asopromiro) También del Sindicato de Choferes Profesionales de Boca Chica