La medida, promovida como parte de un esfuerzo por mejorar la gestión de residuos, amenaza con dejar a cientos de mujeres y recicladores extranjeros en una situación de extrema precariedad económica y social.
El informe, basado en encuestas realizadas en vertederos clave a nivel nacional, revela que un 63% de los recicladores son analfabetos y un 30% no ha completado la educación primaria, lo que limita gravemente sus oportunidades laborales. Además, el cierre de los vertederos privará a estas personas de su principal fuente de ingresos, exponiéndolas a trabajos igualmente precarios y a condiciones de vida aún más difíciles. Particularmente preocupante es la situación de las mujeres recicladoras, quienes no solo enfrentan una alta tasa de analfabetismo del 65%, sino que también carecen, en su mayoría, de documentos legales que les permitirían acceder a la seguridad social.
Estas mujeres, muchas de las cuales son el único sustento de sus familias, se verán obligadas a buscar alternativas laborales en un mercado ya de por sí desfavorable, agravando su vulnerabilidad. Los recicladores extranjeros enfrentan desafíos adicionales debido a su situación legal precaria. La falta de documentos no solo limita su acceso a servicios básicos, sino que también los expone a abusos laborales y discriminación.
El cierre de los vertederos, sin medidas para regularizar su estatus, podría perpetuar el ciclo de pobreza y exclusión que ya afecta a esta población, advierte el informe. El informe también destaca la alarmante presencia de niños en los vertederos, lo que plantea un grave problema de trabajo infantil en condiciones insalubres y peligrosas.
Los expertos en derechos humanos urgen a las autoridades a tomar medidas inmediatas para erradicar esta práctica y garantizar que los niños tengan acceso a la educación y vivan en un entorno seguro. Ante este panorama, el informe recomienda una serie de medidas urgentes, incluyendo programas de alfabetización y capacitación para los recicladores, y la creación de espacios de trabajo seguros.
También se hace un llamado a ampliar los beneficios sociales, como el seguro médico y las ayudas económicas, para proteger a las familias más vulnerables. El cierre de los vertederos en la República Dominicana podría tener un impacto devastador si no se acompaña de políticas inclusivas y de apoyo a las comunidades afectadas. El gobierno y las organizaciones sociales deben actuar de manera coordinada para evitar que esta medida agrave las condiciones de pobreza y exclusión social de miles de personas que dependen del reciclaje para sobrevivir, resaltó García.
