De igual forma, los abogados Ángel Rafael Santana Tejada, Juan María Cordones, Glenni Ysabel Núñez y Ernan Santana, tras conocer una audiencia en materia de referimiento por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, presidida por la magistrada pidieron la suspensión de una nueva audiencia de prueba y fondos.
Acusaron a la magistrada de evidenciar imparcialidad en el proceso contra la viuda del fallecido empresario Merle Wayne Fuller.
La solicitud la depositaron el pasado 19 del corriente mes, ante la Inspectoría del Consejo del Poder Judicial, así como una recusación depositada el 20 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación Penal de San Pedro de Macorís.
El grupo de juristas fundamenta la querella en la sospecha legítima de prevaricación, violación al principio de imparcialidad y credibilidad.
También la vulneración a derechos constitucionalmente protegidos cómo el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Esto así, por considerar que la magistrada Sindy E. Rosario Santana durante el proceso ha mostrado una marcada parcialidad en favor de los acusados María Elvira Ramírez Concepción, Rosario Ramírez Concepción y Sean Wayne Fuller Ramírez.
“La magistrada favorece a los imputados con decisiones tomadas con ligereza, distorsionando los hechos y el derecho en cada una de sus decisiones, haciéndose de la vista gorda a las denuncias presentadas en audiencias anteriores sobre la falta de calidad y capacidad de los demandantes para representar el Clusters Societario del Grupo Dominicus Americanus”, expresa el documento firmado por los abogados.
Recuerdan los propietarios y socios de dichas empresas le tienen diferentes oposiciones para evitar la distracción y sustracción de sus bienes. Sin embargo, agregan que, la magistrada Rosario Santana se ha dado la tarea de levantar sin valorar las pruebas que la defensa de la familia Fuller ha puesto a su disposición.
Los representantes de la familia Fuller se quejan de que a pesar de dicha solicitud, en la audiencia del pasado lunes 23 de este mes, la magistrada Sindy E. Rosario Santana continuó con el conocimiento de la audiencia ordenando una comunicación de documentos y fijando una próxima audiencia de prueba y fondo para los días 07 y 14 de octubre 2024.
Asimismo, destacan que la jurisdicción de La Altagracia se encuentra apoderada en materia penal de varios procesos por abusó de bienes societarios, administración desleal, uso indebido de fondos y venta de los activos de la familia Fuller.
La acusación es contra de la gerencia y administradores de dicho clúster en la cabeza de las señoras María Elvira Ramírez Concepción (María Fuller o Arelis Fuller) Rosario Ramírez Concepción (Charo) cómo autoras principales entre otros administradores. Todos acusados de violar varios artículos de la Ley 479-08, Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y la Ley Penal.
El grupo de abogados recuerdan que, también la fiscalía de esta demarcación lleva una investigación por los delitos de abusó de confianza cometido por la imputada María Elvira Ramírez Concepción (María Fuller o Arelis Fuller) en contra de la familia Fuller.
Ponen en contexto que con la muerte de su difunto esposo Merle Wayne Fuller se abrogó una falsa calidad de cónyuge supérstite, con la finalidad de quedarse con su patrimonio con quien previamente contrajo matrimonio bajo el régimen de separación de bienes previo acuerdo prenupcial celebrado en los Estados Unidos.
Además, los abogados sostienen que dicho proceso se encuentra conociendo una solicitud de imposición de medida de coerción fijada para el día 11 de noviembre 2024.
Dichos procesos se encuentran sustentados con más de 47 testigos y de 900 pruebas documentales, entre las que se destacan actos de ventas, facturas, recibos de pagos de compradores de terrenos, copias de depósitos en las cuentas de las imputadas, estados financieros y documentos societarios que evidencia el fraude durante 12 contra la familia Fuller.
Los juristas consideran alarmante que un caso de esta magnitud, que afecta directamente los derechos y el patrimonio de una familia que pilar en el desarrollo económico y turístico de la zona Este de la República Dominicana, esté siendo tratado con tal desdén y desprotección por parte del sistema judicial.
Ponderan que el sistema judicial con el accionar que evidencia la magistrada Rosario Santana le falla a una familia que por más de cinco décadas ha sido parte esencial en la consolidación del turismo en la región.
Agregan que el proceso no solo pone en juego el legado de una familia, sino que también sienta un peligroso precedente para todos aquellos que han confiado en la estabilidad y seguridad jurídica del país para realizar inversiones a largo plazo.
Asimismo, afirman que la falta de imparcialidad y transparencia en este caso no solo atenta contra la integridad del sistema judicial, sino que podría desincentivar a otros empresarios e inversores que ven en la República Dominicana como un destino atractivo y seguro para sus proyectos.
Aseguran que con su manejo irregular en el caso la magistrada Sindy E. Rosario Santana, no solo erosiona la confianza de la familia Fuller en el sistema judicial, sino que genera una creciente preocupación en la comunidad empresarial del país.
En tal sentido, claman porque las instituciones actúen con diligencia, rectitud y transparencia para restaurar la confianza en el sistema y proteger los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, independientemente de su estatus.
Llaman la atención de que la familia Fuller no solo busca resolver su situación patrimonial, sino demostrar que se puede confiar en la justicia dominicana y que cumple con su mandato de garantizar la legalidad, la equidad y la protección de los derechos fundamentales, pilares esenciales para el desarrollo económico y social del país.
