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| Foto: Los Mocanos |
Los imputados
Eusebio de Jesús Abad, Teodoro Rudecindo Abad y Félix Rosario Martínez deberán
cumplir la prisión preventiva en la penitenciaría Najayo Hombres, medida que
sería revisada, de acuerdo con el tribunal, el 10 de junio de este año 2025.
El IAD se
querelló ante el Ministerio Público de Villa Altagracia, representado por su
director general, agrónomo Francisco Guillermo García, ante las evidencias de
la acción fraudulenta, con la asistencia del consultor jurídico Johnny Aristy y
los abogados Hoogluter Henríquez y Germán Ramírez Ramírez.
El Ministerio
Público había solicitado la de medida de coerción tras el arresto el pasado 11
de marzo, alrededor de las 12:40 de la tarde, en la autopista Duarte, kilómetro
45, municipio Villa Altagracia, de la provincia San Cristóbal, mientras se
desplazaban a bordo de una camioneta, la cual fue retenida por las autoridades.
La acción
contra los presuntos falsificadores fue tomada tras un seguimiento a la
práctica ilegal por parte de la Consultoría Jurídica del IAD, junto al cuerpo
de seguridad del organismo rector de la Reforma Agraria, comandado por el
coronel José Manuel Burgos Merejo, FARD.
En torno al
vehículo detenido, donde se ocupó un folder que contenía 9 títulos de propiedad
en original con las características de los emitidos por el IAD, el juzgado
determinó que continuará bajo custodia policial. En el mismo fueron incautados
15 oficios con sellos del IAD y 15 copias de títulos provisionales, así como
varios actos de venta de terrenos bajo firma privada y un contrato de venta de
posesión de terreno, además de 14 copias de cédulas, entre otros documentos
relacionados.
El Ministerio
Público ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a
los artículos 145, 147, 148, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que
sancionan la falsedad en la escritura auténtica o pública y la asociación de
malhechores.
La solicitud
de medida de coerción fue sustentada con diferentes evidencias testimoniales y
documentales, suficientes, para el envío a prisión de los imputados, quienes,
aseguró, no cuentan con arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.
